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Pensiones públicas y Seguridad Social: unas reflexiones sobre su futuro
José Gómez Blanco
Desde hace meses estamos asistiendo a un amplio debate sobre la
reforma de pensiones de la Seguridad Social: declaraciones del Presidente del
Gobierno y ministros; debates en las Cortes Generales (utilizando las pensiones
como arma arrojadiza entre unos y otros); remedo de huelga general por parte de
los sindicatos mayoritarios; reuniones del “Pacto de Toledo”; informaciones y
debates en la prensa escrita, televisiones, etc.
Mientras
tanto, los ya jubilados (sin revalorización de las pensiones para el año 2011,
y ya veremos), y los que –con suerte– tengan acceso a ellas en el futuro,
asistimos mudos a estos debates, pues no tenemos representación en los órganos
decisorios y los partidos políticos ignoran nuestras reivindicaciones. Para
justificar la necesidad de reformar el sistema de pensiones y que éste pueda
ser viable en el futuro, hay que –según ellos y los estudios actuariales de los
que hablan– ampliar el plazo de cómputo (20 o 25 años) y elevar la edad de
jubilación hasta los 67 años. Pero nadie habla de las miserables pensiones a
las que van a tener acceso nuestros jóvenes, que serán determinadas por los
escasos años de trabajo que van a reunir durante su vida laboral y las
mileuristas retribuciones y bases de cotización. ¿De qué estamos hablando? Con
ese panorama futuro, ¿va a ser deficitaria la Seguridad Social? Lo dudo. Sólo
las clases privilegiadas, políticos sobre todo, son los que van a poder
disfrutar de pensiones máximas o, al menos, decentes. ¿O ya no pensamos que el
paro actual se pueda corregir en el futuro? ¡Paro o empleo, ésa es la cuestión!
Antes de tomar medidas, habría que diseccionar nuestro sistema de pensiones
para saber las prebendas que disfrutan determinados colectivos. No se podrán
modificar a la baja las pensiones ya reconocidas, salvo que sean fraudulentas,
pero al menos servirá para evitar que en el futuro haya grupos privilegiados y,
por tanto, que el reparto sea más justo, equitativo.
Las noticias
que se están produciendo están causando alarma en el colectivo de pensionistas,
pues nadie puede asegurar que las pensiones actuales y las que accedan en el
futuro las viudas, no vayan a ser mermadas. Con nuestros gobernantes actuales
no está nada asegurado. Debo recordar –la realidad es ésa y no otra– que fue el
Partido Socialista (en el Gobierno), el que perpetró los mayores ataques al
sistema de pensiones. En el año 1985 –hago uso de la memoria– una ley amplió el
plazo para su cálculo: se pasó gradualmente de 2 a 15 años. En el año 2007,
otra ley (la 40/2007) convirtió el cómputo de 15 años naturales, en años
efectivos, es decir, contemplando únicamente los días de trabajo efectivo, y se
pasó de 4.700 días a 5.475 días. En el dictamen de la Ponencia intervino
–representando al Partido Socialista– la señora López i Chamosa, muy de
actualidad debido a sus limitaciones gramaticales, puestas de manifiesto en las
discusiones del Pacto de Toledo. En aquella ocasión, refiriéndose a las
pensiones de viudedad y a la propuesta del Partido Popular de elevarlas al 70%
de la base reguladora, criticó las manifestaciones de los representantes
populares y refiriéndose en concreto al Sr. Martínez Pujalte, pronunció la
siguiente frase (textual):
“Podemos hacer un discurso pensando en ellos (aclaración:
se refiere a los jubilados y viudas) pero se han tirado ocho años
reclamando al Partido Popular, que fue el que creó la diferencia entre los
anteriores a 2002 y los demás, que lo arreglara y no lo arregló. ¿Quién lo va a
arreglar? Un Gobierno socialista. ¿De acuerdo con todo lo que quieren? No,
seguramente no vamos a hacer todo lo que ellos quieren, pero sean 60 o sean 65
euros lo hará este Gobierno, no ése ni ningún otro”.
Los hechos y la situación actual han desmentido rotundamente a
la parlamentaria socialista. ¿Qué podemos esperar de este tipo de
representantes políticos?
En esa
misma ley fue negada la revisión de aquellas pensiones que sufrieron descuentos
entre el 7% y el 8%, por cada año de edad entre los 60 y 65 años. Las
reclamaciones que se hicieron fueron rechazadas sistemáticamente por la
Seguridad Social, pues sólo contemplaron aquellos casos de jubilados
anticipadamente, cuya causa de baja o jubilación en la empresa no fuera
voluntaria, cuando todos sabemos que las prejubilaciones pactadas y
supuestamente voluntarias fueron, en la mayoría de los casos, una imposición de
las empresas, con el visto bueno de los gobiernos de turno. ¿A qué viene esa
postura negacionista? Pero aun así, no se tuvieron en cuenta para nada los años
cotizados que excedían de los 35 reglamentarios. Estos trabajadores, con más de
35 o 40 años de cotización, no pudieron tener acceso a una pensión del 100% de
su base reguladora, sino la determinada por la aplicación de los coeficientes
reductores. Estas situaciones, en las que no se tuvieron en cuenta los años
cotizados de más, ¿no sería justo que la Seguridad Social devolviera al
trabajador jubilado las cotizaciones de esos años excedidos? En cualquier caso,
las cuotas empresariales de los años excedidos compensarían el coste de las
prestaciones de la Seguridad Social entre los 60 y 65 años. Sería lo justo,
teniendo en cuenta que a nuestros parlamentarios les llegan 7 años para acceder
a la pensión máxima. ¡Un escándalo!
Otra
amenaza que tiene nuestra Seguridad Social es el coste de la atención médica y
farmacéutica, que habrá que racionalizar. Con cargo a su presupuesto –debido a
la política de “buenismo” que practica nuestro Gobierno– no se puede seguir
atendiendo al último que llega con cargo a la misma, ni consentir
intervenciones quirúrgicas de alto coste a no residentes, ni tampoco al gasto
que ocasionan residentes comunitarios, que no han cotizado en España, no
estando nada claro que estos gastos sean reembolsados por sus países de origen.
Ni que nuestros políticos –en campaña política personal– vayan repartiendo
tarjetas de sanidad a residentes españoles en países americanos. Por otra
parte, las pensiones no contributivas siguen pagándose, en mayor o menor
medida, con cargo a fondos de la Seguridad Social, cuando se había acordado
desde hace años que tendría que hacerse con cargo a otra partida de los
Presupuestos del Estado. Es urgente disminuir la factura farmacéutica,
racionalizando la dispensación de medicamentos, ajustando, en lo posible,
prescripción y medicamento a consumir (contenido del envase), o se impondrá, de
forma general, el copago en la Seguridad Social.
Volviendo a las jubilaciones, recientemente el diario El
Mundo ha publicado en
distintas fechas de este mes una serie de informaciones que resumo a
continuación:
08.12.10. Una carta de un jubilado (08.12.10), titulada
“Jubilados en el Pacto de Toledo”, en la que el autor se lamenta de que no haya
ningún representante de los jubilados en esa Comisión y reclama una asociación
civil para
“defender nuestro patrimonio y nuestro futuro”.
13.12.10. Un
estudio sobre las prebendas que van a tener los nuevos funcionarios en la
Seguridad Social, entre ellas la no cotización por desempleo, además de poder
jubilarse a los 60 años, si cotizan 35 años, con el 100% de la pensión, y
contribuir a la Seguridad Social con una cuota muy reducida.
17.12.10. Un
artículo John Müller, titulado “Prejubilaciones indecentes”, que califica así
las prejubilaciones anunciadas por las Cajas de Ahorro como consecuencia de su
reestructuración, utilizando dinero público (FROB). Sobre las prejubilaciones
publiqué en el mes de septiembre del 2003, en El Correo Gallego, un artículo
titulado “Apariencia y realidad. Prejubilaciones bancarias: una falacia
contable”, en el que ya denunciaba este problema, que empobrece, como no, a la
Seguridad Social.
Mientras
esto ocurre, nuestros Sindicatos oficiales y subvencionados no hacen nada para
denunciar los peligros que se ciernen sobre nuestra Seguridad Social, no sólo
(acentuado, a pesar de las nuevas normas ortográficas), en el tema de las
pensiones (que es su monotema reclamatorio), sino la vertiente asistencial que
se va deteriorando lentamente, sin pausa, debido entre otras cosas –como ya
dije más arriba– a esa política de “buenismo” de nuestro Gobierno y a la
sobrecarga económica de prestaciones que debían ir a otras partidas del
Presupuesto nacional. Una de las mejores instituciones que heredamos del
régimen anterior –ahora tan denostado, pero hay que decirlo— y mejorada por los
gobiernos democráticos, empieza a hacer aguas en la época actual y, si no lo
evitamos la sociedad civil, el naufragio será inevitable. El traspaso de estas
competencias a las Autonomías fue un gran error. Ni la Seguridad Social, ni la
Educación, debieron cederse.
¡Bienvenida
sea la Fundación Civil, propiciada por D. Mario Conde!
Mi comenario:
1.
Afonso de LaxesResponder27 dic. 2010 en 11:13
Cuando ya había enviado el
artículo para publicar, la víspera de Nochebuena tuve acceso a la siguiente
información, que he incorporado como nota al mismo, y que transcribo por su
interés: En el programa de Intereconomía, TV., “El gato al agua”, el parlamentario
europeo del PP, D. Alejo Vidal Cuadras — cuando los que enviaban mensajes y los
participantes en la Mesa, algunos, criticaron a los políticos por esa prebenda
de poder jubilarse con 7 años, dos legislaturas— aclaró que esa condición de 7
años fue aprobada en su día para poder concederle una pensión a Santiago
Carrillo y Dolores Ibarruri “La Pasionaria”. A mí no me convence la
explicación, porque si querían darle una pensión a estas personas, supongo que
habría forma de hacerlo sin necesidad de vulnerar las normas de las pensiones
de la Seguridad Social. Pienso mal y creo que nuestros políticos aprovecharon
la ocasión para favorecerse en su totalidad. Lamentable.
En cuanto al comentario de “mjm”, yo también estoy de acuerdo de que, de una vez por todas, se reconozca derechos de pensión a las amas de casas, que en épocas malas, y también en las buenas en cuanto a empleo, dedicaron su vida al cuidado de sus familias, hijos y marido, y agregados. Es de justicia. ¿Tendrá que hacerlo el Partido Socialista, como sostiene la señora López i Chamosa? Lo dudo. Creo que el Partido Popular tendría que tomarlo en su programa electoral.
En cuanto al comentario de “mjm”, yo también estoy de acuerdo de que, de una vez por todas, se reconozca derechos de pensión a las amas de casas, que en épocas malas, y también en las buenas en cuanto a empleo, dedicaron su vida al cuidado de sus familias, hijos y marido, y agregados. Es de justicia. ¿Tendrá que hacerlo el Partido Socialista, como sostiene la señora López i Chamosa? Lo dudo. Creo que el Partido Popular tendría que tomarlo en su programa electoral.
(Aunque el artículo está escrito en Diciembre de 2010, al releerlo, no tuve necesidad de borrar ni una coma.)
